COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Corporación “SEMILLA Y MEMORIA”, integrante de la Coalición por la libertad y el trato digno de las y los prisioneros políticos “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, saluda con alborozo el nuevo paso dado en La Habana-Cuba, por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en el marco de los diálogos encaminados a la búsqueda del fin de la guerra.
El acuerdo logrado en el punto cinco sobre las Víctimas del Conflicto cobra singular importancia, no solo porque se suma a los ya convenidos: Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; sino porque con el diseño del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, se parte de la insoslayable premisa de que resarcir a las víctimas debe ser la médula del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Además, se incluye en este punto el componente de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz que: “…prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos...”, así mismo “… La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos…”. Lo anterior se complementa con la puesta en marcha de los acuerdos sobre: “limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal (map), artefactos explosivos improvisados (aei) y municiones sin explotar (muse) o restos explosivos de guerra (reg) en general” y las “medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza”.
Por lo anterior consideramos que el proceso se ubica, prácticamente, en la recta final. Por tanto esperamos que cuanto antes y sin dilación alguna se aborde el último punto de la Agenda: Fin del conflicto, que implicará el Cese al Fuego y de Hostilidades, Bilateral y definitivo; Dejación de las armas; y Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, social y lo político –, para lo cual “… el Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP, a la vez que intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. De igual manera el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz, lo que implicará: Garantías de seguridad y esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo...”. Por último, se deberá acordar los mecanismos de refrendación, verificación e implementación de lo acordado; aquí se deberá prestar atención especial a temas tales como: acompañamiento internacional, presupuesto, herramientas de comunicación y difusión y las comisiones de seguimiento y verificación.
Esta es la oportunidad de instar a la opinión pública nacional e internacional a rodear el proceso y a exigir a las partes, Insurgencia y Gobierno, a NO levantarse de La Mesa, a la vez que demandamos el Cese Bilateral de Fuegos y Hostilidades que con seguridad contribuirá al desescalonamiento del conflicto armado y ambientará un clima propicio para la discusión y finalización exitosa del proceso. Igualmente llamamos a hacer uso de nuestro Derecho Constitucional para participar decididamente en la ratificación de los acuerdos, a través de los mecanismos que se acuerden para tal efecto.
Por último, debemos ser conscientes de que la reconciliación y construcción de una Nueva Colombia con Justicia Social, verdaderamente democrática y soberana; dependerá no sólo de que las insurgencias se comprometan a renunciar a la lucha armada, como mecanismo para la toma del poder político, sino fundamentalmente, a que la clase social que ha estado en el poder por más de 200 años, se despoje de sus prácticas represivas y antidemocráticas de gobernar -eliminando su teoría del enemigo interno-, observen estrictamente las nuevas reglas del juego político acordadas, aporten parte de sus inmensos recursos económicos para cerrar la brecha de la segregación social y brinden las garantías para la participación política de la oposición; en otras palabras, que no se repitan las causas objetivas y subjetivas que dieron origen al alzamiento armado insurgente. EL éxito de un proceso de una PAZ estable y duradera, dependerá de la capacidad de reparar las grandes desigualdades de riqueza y poder que ponen en peligro la estabilidad política y económica el país.
Corporación “Semilla y Memoria”, Coalición Larga Vida a las Mariposas “Gran Tolima”
Diciembre 18 de 2015
La Corporación “SEMILLA Y MEMORIA”, integrante de la Coalición por la libertad y el trato digno de las y los prisioneros políticos “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, saluda con alborozo el nuevo paso dado en La Habana-Cuba, por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en el marco de los diálogos encaminados a la búsqueda del fin de la guerra.
El acuerdo logrado en el punto cinco sobre las Víctimas del Conflicto cobra singular importancia, no solo porque se suma a los ya convenidos: Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; sino porque con el diseño del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, se parte de la insoslayable premisa de que resarcir a las víctimas debe ser la médula del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Además, se incluye en este punto el componente de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz que: “…prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos...”, así mismo “… La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos…”. Lo anterior se complementa con la puesta en marcha de los acuerdos sobre: “limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal (map), artefactos explosivos improvisados (aei) y municiones sin explotar (muse) o restos explosivos de guerra (reg) en general” y las “medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, que se desarrollarán en el marco del proceso de construcción de confianza”.
Por lo anterior consideramos que el proceso se ubica, prácticamente, en la recta final. Por tanto esperamos que cuanto antes y sin dilación alguna se aborde el último punto de la Agenda: Fin del conflicto, que implicará el Cese al Fuego y de Hostilidades, Bilateral y definitivo; Dejación de las armas; y Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, social y lo político –, para lo cual “… el Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP, a la vez que intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. De igual manera el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz, lo que implicará: Garantías de seguridad y esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo...”. Por último, se deberá acordar los mecanismos de refrendación, verificación e implementación de lo acordado; aquí se deberá prestar atención especial a temas tales como: acompañamiento internacional, presupuesto, herramientas de comunicación y difusión y las comisiones de seguimiento y verificación.
Esta es la oportunidad de instar a la opinión pública nacional e internacional a rodear el proceso y a exigir a las partes, Insurgencia y Gobierno, a NO levantarse de La Mesa, a la vez que demandamos el Cese Bilateral de Fuegos y Hostilidades que con seguridad contribuirá al desescalonamiento del conflicto armado y ambientará un clima propicio para la discusión y finalización exitosa del proceso. Igualmente llamamos a hacer uso de nuestro Derecho Constitucional para participar decididamente en la ratificación de los acuerdos, a través de los mecanismos que se acuerden para tal efecto.
Por último, debemos ser conscientes de que la reconciliación y construcción de una Nueva Colombia con Justicia Social, verdaderamente democrática y soberana; dependerá no sólo de que las insurgencias se comprometan a renunciar a la lucha armada, como mecanismo para la toma del poder político, sino fundamentalmente, a que la clase social que ha estado en el poder por más de 200 años, se despoje de sus prácticas represivas y antidemocráticas de gobernar -eliminando su teoría del enemigo interno-, observen estrictamente las nuevas reglas del juego político acordadas, aporten parte de sus inmensos recursos económicos para cerrar la brecha de la segregación social y brinden las garantías para la participación política de la oposición; en otras palabras, que no se repitan las causas objetivas y subjetivas que dieron origen al alzamiento armado insurgente. EL éxito de un proceso de una PAZ estable y duradera, dependerá de la capacidad de reparar las grandes desigualdades de riqueza y poder que ponen en peligro la estabilidad política y económica el país.
Corporación “Semilla y Memoria”, Coalición Larga Vida a las Mariposas “Gran Tolima”
Diciembre 18 de 2015
